LA SEGURIDAD COMO MONEDA DE CAMBIO AL DESARROLLO
Ya reflexionamos en anteriores murmullos sobre cómo la securitización de la cuestión migratoria y determinados procesos discursivos fundaban una concepción del migrante como amenaza y riesgo para la estabilidad europea. Esta lógica conseguía justificar y legitimar una externalización de las políticas migratorias y del control migratorio, cuyo objetivo último es reducir la llegada de migrantes a la UE y la expulsión de parte de ellos. Sin embargo, ya desde Mundo en Movimiento denunciamos que esta concentración de esfuerzos sobre el control migratorio acababa traduciéndose en violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Volviendo al concepto de externalización, este alude a la proyección de las políticas migratorias basada en la actuación, fuera del territorio europeo, sobre terceros países claves en el recorrido de los movimientos migratorios. Dicha acción busca dos objetivos primordiales: evitar y contener la llegada de personas refugiadas e inmigrantes en situación irregular. El tener en cuenta la participación de los países terceros en la gestión migratoria no es un descubrimiento reciente; ya desde 2002, el Consejo de la UE declaró que «cualquier futuro acuerdo de cooperación, asociación o equivalente que concluya la UE o la CE con cualquier país, debería incluir una cláusula sobre la gestión conjunta de los flujos migratorios y sobre la readmisión obligatoria en caso de inmigración ilegal».
No obstante, el cambio ha llegado cuando la externalización ha pasado a ser uno de los ejes centrales dentro de las políticas migratorias. Esta forma política ha ido ganando cada vez más peso desde que Bruselas considera esencial que los países de origen y tránsito de migrantes se adhieran a este doble objetivo. ¿Pero cuál es la problemática que se esconde detrás de esto?
Uno de los grandes problemas de fondo se encuentra en cómo está operando esa gestión conjunta. Con la entrada en vigor del Marco de Asociación con Terceros Países del 2016, incluido dentro del contexto de la Agenda Europea de Migración, se ha consolidado lo que los autores denominan condicionalidad migratoria. Esta es la nueva hoja de ruta que ha convertido a las políticas de desarrollo en la pieza clave para instar a los países terceros a que colaboren con los objetivos del Marco de Asociación. Esto significa que la Ayuda Oficial al Desarrollo europea (AOD) se ofrezca a condición de que los países en cuestión participen, forzadamente, en la obstaculización y freno de los flujos migratorios con destino europeo. Por lo tanto, una premisa que buscaba una coordinación de esfuerzos para tratar la realidad migratoria ha acabado transformándose en una herramienta política de presión de los gobiernos europeos.
¿Y cómo opera esta condicionalidad migratoria? Básicamente a través de un sistema de incentivos positivos y negativos. De tal forma que, si estos países aceptan la externalización y colaboran con la reducción de llegadas y la captación de retornos, pueden optar a diferentes contrapartidas. Por el contrario, de incumplir tales premisas, pueden ser penalizados a través de reducciones de las cuantías de la AOD u otros elementos disuasivos.
Dentro de estas contrapartidas, se suele recurrir, por un lado, a elementos vinculados con el propio control fronterizo, como el envío de asistencia material, personal y financiera para incrementar los elementos de bloqueo, el intercambio de información o la incursión de operaciones de Frontex. Pero, por otro lado, también operan elementos políticos disuasivos como promesas a mayores AOD, apoyo político para nuevos acuerdos, incremento de ventajas comerciales o mayor flexibilidad en políticas de visados.
A la vista queda cómo lo que verdaderamente está consiguiendo esta supuesta forma equilibrada de colaboración entre la UE y los países africanos, es desvirtuar el concepto mismo de cooperación al desarrollo. La cooperación está dejando de ser un mecanismo para hacer frente a problemas estructurales (pobreza, cobertura de infraestructuras, adversidades climáticas, etc.), para convertirse en una moneda de cambio y así conseguir que los acuerdos, bilaterales y regionales, sean más operativos según la lógica europea de cierre de fronteras. Todo ello sin importar las repercusiones negativas que se generan de esta nueva configuración.
Centrándonos en estos impactos negativos, el primer problema deriva de la propia securitización de la cuestión migratoria. Cuando se securitiza un tema, este adquiere una prioridad que hace que se aceleren los procedimientos de tramitación y aprobación de las políticas. En este sentido, las nuevas premisas para ofrecer la AOD se escapan de los procedimientos ordinarios establecidos, por lo que se limita el control democrático, la interferencia del ciudadano y la rendición de cuentas. En definitiva, se garantiza una vía libre para operar bajo los intereses de los gobiernos europeos, aunque estos se alejen de los verdaderos problemas estructurales, dejando de considerar a las personas en el centro de sus políticas.
Cabe incidir en que, cada vez más, estas negociaciones se hacen vía acuerdos informales y exigen una menor transparencia. Esta opacidad contribuye de nuevo a limitar el control de la sociedad civil, haciendo que sea aún más difícil evidenciar las posibles violaciones de los derechos humanos. Además, esta configuración reduce la capacidad de agencia de los países afectados y su posibilidad para denunciar las controversias asociadas a esta nueva forma de cooperación.
No obstante, la mayor problemática que esconde este escenario es cómo el proceso de securitización ha movilizado los instrumentos y objetivos asociados a la cooperación y al desarrollo, para orientarlos según la lógica de seguridad frente a las migraciones. Implicaciones que alteran tanto la efectividad como autonomía de las propias políticas de desarrollo, y cuya principal manifestación es la movilización extraordinaria de los recursos financieros. Cuando se securitiza la migración, ésta adquiere un carácter de crisis y urgencia que permite ser respondido con medidas excepcionales.
La solución que prevé la UE ante esta situación es lo que han concebido como programación más selectiva de los instrumentos y recursos (Comisión Europea 2016 sobre la creación del Marco de Asociación). Sin embargo, en un reciente estudio sobre la “Securitización y condicionalidad migratoria en la ayuda oficial al desarrollo de la Unión Europea” de la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, han renombrado esta medida como un verdadero desvío de fondos. El resultado de todo ello es extraer gran parte de las reservas, tanto de la Ayuda Oficial al Desarrollo de la UE como de los fondos fiduciarios (creados para responder a situaciones de emergencia como estallidos de conflictos o desastres medioambientales) para aplicarlas en medidas que frenen la llegada de migrantes.
En definitiva, este escenario donde Europa identifica la migración como una amenaza para el bienestar general, es la única vía posible que legitima estos fenómenos donde las personas dejan de estar en el centro del análisis y actuación. Un escenario donde se materializa esta condicionalidad migratoria y se desvirtualiza los conceptos de ayuda y cooperación.
Frente a esta visión que identifica la migración como amenaza, lo que verdaderamente se necesita es politizar la cuestión migratoria. Es decir, incluirla dentro de la agenda política, pero no desde una visión securitaria que priorice el interés europeo; sino contemplarla como una cuestión que afecta a las personas y que precisa de un compromiso y actuación en línea con el marco de los Derechos Humanos.
Mundo en Movimiento, al igual que otras organizaciones de la sociedad civil, se suma a la línea de resistencia que aboga por la desecuritización de la migración, tratando de denunciar las injusticias y peligrosidades a las que se ven sometidas forzadamente todas las personas en movimiento. Desde aquí, creemos y abogamos por una integración y ciudadanía constituida desde el hecho mismo de ser personas y no desde la idea de una identidad cultural excluyente.
Photo by Nguyen Nguyen from StockSnap
