EL DISCURSO ANTIMIGRATORIO QUE OCULTA UNA TRAGEDIA HUMANITARIA EN EUROPA

“Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y del Estado de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación.” 

Esta afirmación, tan cargada de promesas, consolida el preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Este imperativo moral ha enmarcado y dirigido la actuación de las principales Instituciones Europeas en la elaboración de todos los proyectos enfocados a la gestión del movimiento migratorio, como el reciente Nuevo Pacto de Migración y Asilo del pasado mes de septiembre. Los Estados miembros han puesto en su punto de mira el flujo procedente de África del Norte y Occidental y Oriente Medio. En estas regiones, desde 2011, la desestabilización y la pobreza han motivado a que la ruta central y del este Mediterráneo sean los principales cauces de los desplazamientos migratorios.

Por el contrario, múltiples fuentes dan cuenta de cómo esta zona de tránsito se ha convertido en una de las mayores tumbas del mundo. El proyecto Missing Migrants recopiló que, en el pasado año, aproximadamente 1.885 personas fallecieron en el Mar Mediterráneo, cifra que asciende a más de 15.000 víctimas si se observa el cómputo total desde 2014. 

Ante escenarios como este, la respuesta de Europa ha sido utilizar múltiples instrumentos y agentes para consolidar lo que se ha empezado a conocer como la “Europa fortaleza”. Es decir, incrementar los sistemas y dispositivos de bloqueo de entrada al suelo europeo. Así, desde los últimos cinco años, las políticas migratorias europeas están trabajando principalmente en la migración irregular, el blindaje fronterizo y la externalización del control migratorio. 

Una exhaustiva investigación realizada desde la Fundación porCausa profundiza en la cara oculta de este nuevo control migratorio, el cual, además, se enmarca dentro de una lógica puramente capitalista. Abogando en favor de cuestiones de seguridad, la opacidad de este sistema intenta ocultar una privatización que está permitiendo que determinadas empresas, con más de cien casos de puertas giratorias, saquen negocio de la supuesta necesidad de blindar los límites fronterizos. El desarrollo tecnológico, armamentístico y la propia construcción asociada a la modernización y fortalecimiento de los pasos fronterizos ha permitido que, desde 2014, tan solo diez grandes multinacionales hayan recibido más de 427 millones de euros de dinero público. 

Además, gran parte de estas políticas (anti)migratorias son financiadas con reservas inicialmente destinadas a planes de desarrollo y ayuda humanitaria; como ha ocurrido con el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África. Así, parte de los fondos previstos para ayudas al desarrollo en países de mayor vulnerabilidad, se está invirtiendo en construir nuevos muros y presionar a terceros países para crear las “zonas tapón” con el fin de reducir la llegada de migrantes a costas europeas. 

Esta obsesión europea de interrumpir las migraciones no ha conseguido reducir el número de víctimas y, por el contrario, fuerza a quienes ansían una vida mejor a trazar nuevas rutas más peligrosas y en las que se incrementa la acción de los grupos traficantes. 

¿De qué sirve establecer acuerdos, cumbres y convenios internacionales que emanan del marco de los Derechos Humanos, si luego no dejan de ser violados y olvidados sistemáticamente? Ni Ginebra, ni Dublín, ni Malta, ni ninguno de la lista, ha conseguido situar el compromiso humanitario y la verdadera noción del desarrollo como ruta de actuación en la praxis política en materia de migración. Es a la conclusión a la que llegó Sara Prestianni, investigadora e integrante del comité ejecutivo de EuroMed Rights, en el pasado “Encuentro Complutense: Migraciones y refugio”. 

Paralelo al comportamiento gubernamental, nosotros como ciudadanos europeos, giramos la cabeza a un lado y confiamos en que nuestras instituciones estén velando por unas políticas migratorias justas y exitosas. De hecho, si hacemos un breve ejercicio de introspección ciudadana, ¿cuáles creemos que deberían ser los objetivos últimos de tales políticas? 

Cada día somos bombardeados con unas narrativas políticas y mediáticas que sesgan la realidad migratoria. La sobrecobertura del proceso de tránsito, la aparente saturación en la captación de refugiados, el supuesto aumento de la criminalidad a causa de la llegada de migrantes, así como el propio desafío económico asociado a las múltiples crisis, han sido los principales argumentos del discurso antimigratorio.  

Toda esta circulación de construcciones discursivas producidas desde la Administración, las fuerzas políticas, los medios de comunicación, e incluso las propias ONGs, han acabado estigmatizando al sujeto migrante. Su resultado ha sido la concepción homogénea del migrante, asumiendo que todas las personas encarnan las mismas realidades. Una construcción social que ha calado dentro del imaginario colectivo en la sociedad europea, reduciéndose la figura del migrante como algo externo no deseable.

De la misma forma, esta identificación nos sitúa a nosotros como individuos ajenos a las motivaciones de movimiento, así como de la propia necesidad de migrar. Este olvido histórico también colabora estratégicamente en la construcción de un discurso antimigratorio, responsabilizando a la comunidad migrante de los fracasos económicos y sociales que han derivado de las propias gestiones gubernamentales. 

En definitiva, todo se traduce en un distanciamiento entre la imagen de un “nosotros como ciudadanos europeos” y el “otro migrante”. Una dicotomía narrativa entre dos sujetos, formulada desde el lado privilegiado del Mediterráneo, que deshumaniza al migrante desposeyéndole de unos derechos que solíamos defender como universales. Precisamente, esta imagen construida desde Europa sobre el migrante como lo ajeno y criminal es la narrativa estratégica que justifica y legitima el blindaje fronterizo y externalización que está produciendo la violación sistemática y, aparentemente invisible, de los Derechos Humanos. 

Centrándonos en el caso español, según el informe sobre la Industria del Control Migratorio, España ha gastado ocho veces más en llevar a cabo estas tareas de detener y expulsar migrantes que en planes para integrarlos. Este dato se vuelve aún más desconcertante si consultamos los volúmenes demográficos de la población migrante. Así, según el estudio “Extranjeros, imprescindibles y sin papeles: una fotografía de la inmigración irregular en España”, a finales de 2019, el porcentaje de inmigrantes rondaba el 12% sobre el total de inmigrantes extracomunitarios y un 0,8% si lo contemplamos desde la población total que reside en España. Y dentro de estas cifras, tan solo un 9% provenían de África. 

Esta respuesta por parte de los Estados miembros de acumulación de recursos financieros y políticos sobre los perímetros fronterizos del sur – incluso por encima de las ayudas humanitarias –, lleva a uno a cuestionarse la validez de dogmas como este preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La instrumentalización de los migrantes ha permitido que el sistema deje de considerar a las personas en el centro de su actuación, mientras se configura un sistema de negocio en el que, una vez más, el interés económico y político ha sobrepasado la voluntad de desarrollo y acción humanitaria. 

El sufrimiento persiste, las vidas de los migrantes continúan reduciéndose a meras cifras y los refugiados son criminalizados y abandonados por el sistema antes de alcanzar amparo internacional. Todo ello, a la vez que las políticas de bloqueo acaparan el presupuesto migratorio por encima de los planes de cooperación e integración. Una tragedia e injusticia humanitaria que el discurso antimigratorio está tratando de ocultar.