¿A QUIÉN OTORGAMOS EL PRIVILEGIO DE DEFINIR NUESTRAS SOCIEDADES?
El III Congreso sobre Periodismo y Migraciones, organizado por la Fundación porCausa, ha reunido a grandes voces actuales para debatir y reflexionar sobre la situación migratoria actual, y el papel que debe desempeñar el periodismo comprometido con la defensa de los Derechos Humanos. El auge de la extrema derecha y la politización de las migraciones plantean grandes retos a las sociedades democráticas, donde la defensa de los derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana debería ser la norma.
El cuarto y último día del Congreso tuvo lugar un encuentro de especial relevancia bajo el título “¿Es posible un proceso de regularización en Europa?” En él se debatió sobre las condiciones de extrema precariedad a las que se enfrentan los y las migrantes en situación de irregularidad en el continente y el empeoramiento de estas a causa de la crisis de la Covid-19. Ante la situación de excepcionalidad que se está viviendo a escala global, cualquier país con niveles democráticos como los que se presuponen en Europa, debería asegurar la protección de todos sus residentes con independencia de su estatus administrativo. Por su parte, la Unión Europea debería garantizar que dichas regularizaciones se cumplan, presionando a los Estados miembros para que así sea.
Seydou Diop, representante del movimiento #RegularizaciónYa y afectado directamente por la ley de extranjería española, comenzó explicando los orígenes del movimiento estatal por la regularización. El movimiento está organizado íntegramente por colectivos migrantes y antirracistas, lo que supone una gran novedad frente a movimientos que impulsaron regularizaciones anteriores en territorio español. Tomando como ejemplo las regularizaciones exprés realizadas en Portugal, el movimiento por la regularización en España elaboró una carta dirigida al Gobierno donde se demandaba una regularización urgente, permanente y sin condiciones. Una carta que al poco tiempo obtuvo el apoyo de 1.500 organizaciones de todo el Estado. Dicho documento se convirtió en una Proposición No de Ley que finalmente llegó al Congreso el 23 de septiembre de 2020, obteniendo el apoyo de 59 diputados, 8 se abstuvieron y 278 votaron en contra. El PSOE, como actor decisivo en el proceso, rechazó la propuesta apelando a la incompatibilidad con la normativa europea.
Ante la negativa del partido socialista, cabría pensar que nunca se habían realizado regularizaciones extraordinarias en el caso español. Como puso de manifiesto la ponente Blanca Garcés, investigadora del área de migraciones y coordinadora de investigación del CIDOB, esta presunción es manifiestamente falsa, habiéndose realizado hasta 6 procesos de regularización extraordinaria a lo largo de nuestra historia; el último de ellos en 2005 con el partido socialista en el poder. Por ello, la ponente cuestionó las razones que sustentan la negativa a regularizar en estos momentos que la necesidad es imperiosa, siendo una posible respuesta la politización que rodea a las migraciones en la actualidad.
El confinamiento domiciliario ha puesto de manifiesto, más aún, las desigualdades y el racismo presente en las sociedades del Norte Global, golpeando de manera directa a las personas en situación de irregularidad. Al verse obligadas a trabajar en empleos precarios en la economía informal, han visto desaparecer de la noche a la mañana todos sus ingresos, sin derecho a adherirse a un ERTE, prestación por desempleo o ayudas públicas. Ante esta situación de abandono por parte de las instituciones, el trabajo de las redes vecinales y colectivos de barrio ha sido esencial, organizando despensas solidarias y ofreciendo asistencia domiciliaria a cualquier persona que lo necesitara. Sumada a esta situación de vulnerabilidad, si nos fijamos en el aspecto sanitario, existe un fuerte riesgo entre las personas en situación de irregularidad a ser identificadas en caso de acudir a un centro médico. Cuestión con gravísimas consecuencias en la salud de dichas personas y que, además, supone un gran peligro a nivel colectivo.
La pandemia ha reflejado cómo la Europa fortaleza no solo opera en las fronteras exteriores; opera en cada una de las leyes, instituciones y actores políticos que permiten la vida en clandestinidad de miles personas. La ley se ha convertido en un instrumento para legitimar el racismo de unos poderes coloniales que siguen dividiendo a la sociedad en dos; quienes gozan de subjetividad y derechos humanos, y quienes han sido despojados de cualquier humanidad.
Como sociedad civil es importante que nos cuestionemos en qué tipo de sociedad queremos vivir y qué exigimos a los poderes públicos que nos gobiernan. No podemos permitir que la extrema derecha permee en las instituciones democráticas y estreche nuestras comunidades. Debemos priorizar en nuestras agendas políticas la regularización general que reclaman colectivos migrantes y antirracistas, estableciendo como objetivo a largo plazo la creación de vías seguras de acceso a Europa que no supongan ningún riesgo para aquellas personas que se ven obligadas a migrar.
Esta regularización debe basarse en una lógica de derechos fundamentales y no en lógicas economicistas que perciben las migraciones como mano de obra deseable. Ante la pasividad de la UE es necesaria una respuesta colectiva antirracista que le exija a la Unión la adopción de un papel activo ante la cuestión, presionando a los Estados miembros para llevar a cabo las regularizaciones necesarias. Solo de esta manera tendremos sociedades más justas, igualitarias y democráticas.
La segunda ola ya ha golpeado a Europa, y con ella vendrán nuevas restricciones y confinamientos. Estas medidas afectarán de manera muy desigual a la población dependiendo de su condición administrativa. Como sociedad no podemos permitirnos que nuestros vecinos se vean obligados a vivir en la clandestinidad. Hoy es más necesario que nunca situar la vida de cualquier ser humano en el centro de cualquier política. Esta situación no solo afecta a los grupos en situación de irregularidad, afecta a cada una de las personas que formamos parte de la sociedad española y europea. En nuestras manos está reivindicar una sociedad que cumpla con aquellos principios de los que presume, y proteja a cada una de las personas que la componen. Por ello, hoy más que nunca debemos exigir una regularización permanente y sin condiciones.
