2021: AÑO DE AMENAZAS
La confusión, el miedo y la tristeza han sido emociones recurrentes en un año tan atípico como el 2020. Sin embargo, en ocasiones, la idea de que otro mundo es posible después de la pandemia estuvo presente. Estos fueron momentos en los que llegamos a pensar en que, si algo bueno nos iba a dejar este virus, era una sociedad más comprometida con el bien común. No obstante, tan pronto como la gente volvió a los bares, esta idea cayó en el olvido, volviendo al ya conocido escenario del sálvese quien pueda. En este proceso, hubo un acontecimiento que marcó un antes y un después: la reapertura de los Centros de Internamiento para Extranjeros y la reanudación de las deportaciones, volviendo a criminalizar y expulsar a una parte esencial de nuestra sociedad. A partir de este acontecimiento y bajo la idea de amenaza, reflexiono sobre el escenario futuro que viviremos este 2021.
La actividad de los CIE se retomó, tras un parón de 5 meses, el pasado 25 de septiembre. De manera similar, las deportaciones estuvieron paralizadas durante 8 meses, reanudándose el 10 de noviembre. Visitas como la de la Ministra de Asuntos Exteriores a Senegal reflejan cómo las deportaciones, lejos de ser algo puntual, se han convertido en piedra angular de la política migratoria del Gobierno de España. Un Gobierno, teóricamente progresista, que sigue reproduciendo las mismas lógicas racistas de aquellos que tienen una postura antiinmigración más explícita. De manera paralela, el internamiento en los CIE y las deportaciones no serían posible sin un discurso que relacione al migrante sin papeles con la amenaza. El pasado mes de octubre la asociación IRIDIA publicó un informe sobre vulneraciones de derechos humanos en las deportaciones. Una lectura de este lleva a una conclusión clara y contundente: la gran amenaza a la que nos enfrentamos no es otra que la vulneración sistemática y deliberada de los derechos humanos de las personas en tránsito.
La situación de irregularidad y el miedo a la deportación obliga a la precariedad, la invisibilización y el miedo constante. A través de identificaciones policiales discriminatorias, basadas en rasgos étnicos y no en hechos objetivos, las personas en situación administrativa irregular pueden ser identificadas y trasladadas a los CIE. La campaña Parad de pararme realizó una encuesta a personas que habían sido identificadas policialmente en Cataluña a lo largo del 2018. De estas, el 22% afirmó haber sufrido violencia física y verbal y otro 22% declaró haber recibido violencia verbal. Estas identificaciones racistas vulneran el principio de no discriminación recogido en la Carta de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Constitución española. Ya en los CIE se priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito, solo una falta administrativa, cuestión que vulnera el derecho a la libertad personal, recogido en el artículo 17 de la Constitución Española. En estos espacios de arbitrariedad absoluta, son muchas las denuncias que llegan de agresiones físicas a los internos por parte de los cuerpos policiales.
En cuanto a las deportaciones, no siempre se realizan a los países de la nacionalidad de los migrantes, incurriendo en la violación de principios internacionales como el de no devolución, que prohíbe a los países receptores la deportación a contextos donde los migrantes puedan ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social determinado. Cualquier desplazamiento forzoso de una persona que se encuentre en territorio español debería seguir los procedimientos legales establecidos en la Ley de Extranjería. Sin embargo, ejemplos como las devoluciones en caliente nos muestran que no siempre es así, ya que se producen en el momento y sin aplicar los procedimientos legales que permiten asegurar una correcta protección de los derechos de la persona desplazada.
El filósofo italiano Giorgio Agamben desarrolló un concepto que permite entender la vulneración de derechos constante sobre determinados sujetos políticos. Este concepto es el de estado de excepción; ante situaciones de crisis -y en teoría estrictamente puntuales- los poderes gubernamentales suspenden la ley, ejerciendo un poder sin límites que se justifica bajo la idea de la defensa de la seguridad nacional y sus leyes. La actualidad estaría caracterizada por una crisis radical en la que no se puede distinguir la norma de la excepción, estableciéndose una jerarquía social entre cuerpos que permite a los Gobiernos evadir derechos fundamentales con gran impunidad. Aquellos que son excluidos de la categoría de ciudadanos son quienes ocupan el último escalón en dicha jerarquía.
Pero ¿qué relación tiene el estado de excepción con las deportaciones y los CIE? La amenaza y la suspensión de las garantías constitucionales. El Estado español coloca al migrante sin papeles entre su lista de sujetos peligrosos. De esta manera y a través de un estado de excepción, vulnera las leyes y principios fundamentales que considere, ya que “oye, tranquilo, el Estado vela por tu seguridad”. Sin la idea de amenaza, no habría país mínimamente democrático que legitimara los tratos inhumanos y la criminalización que se da a las personas sin papeles en los CIE y las deportaciones. Las vulneraciones de derechos humanos en todo el proceso de identificación, internamiento y expulsión se han convertido en regla, suspendiéndose el Derecho y creando de esta manera un vacío legal que permite controlar sujetos y despojarlos de sus derechos y dignidad.
El estado de excepción, convertido en norma, nos lleva a terrenos muy peligrosos. Un país en el que la amenaza se piensa forma de migrante en situación administrativa irregular y no en su cruel vulneración de derechos es un país humanitariamente roto. No hay mayor peligro que la renuncia de nuestras garantías constitucionales, ni mejor escudo frente a esta amenaza que la solidaridad y la empedernida defensa de los derechos humanos. Queda en las manos de nuestra ciudadanía, cada vez más global, el reivindicar la justicia frente a la impunidad, la solidaridad frente a la indiferencia y un futuro compartido libre de amenazas.
