Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son establecimientos públicos de carácter no penitenciario donde se encierra a personas extranjeras de manera temporal, privándolas de su derecho a la libertad ambulatoria con el fin de asegurar su expulsión del territorio español. Estos establecimientos dependen del Ministerio del Interior y están gestionados por la Policía Nacional.

El universo de los CIE está plagado de incongruencias tanto en su concepción como en su funcionamiento, como han venido señalando diversas instituciones internacionales, el Defensor del Pueblo y multitud de agentes sociales desde que fueron creados en la década de los 80: 

● Son ilegales, pues absolutamente todos tienen carácter penitenciario. 

● Son ilegítimos, ya que nuestro ordenamiento jurídico castiga con su pena más severa, la privación de libertad, un asunto puramente administrativo, que no penal. 

● Son inmorales, porque, objetivamente, tratan peor a las personas que a las mercancías que cruzan nuestras fronteras. 

● Son disfuncionales, puesto que no cumplen su propósito. En el mejor de los casos, se ha conseguido devolver a su país de origen a un tercio de las personas internas; este último año, este porcentaje se ha visto casi duplicado debido al internamiento selectivo de nacionales de Marruecos y Argelia, lo que ha causado la perpetración de detenciones discriminatorias por perfil racial. 

Los CIE son una extensión de la frontera racista y xenófoba, una forma más de clasificación, que no persigue delitos sino personas.

Actualmente hay 7 CIE en funcionamiento: Madrid, Barcelona, Valencia, Algeciras-Tarifa, Murcia, Tenerife y Gran Canaria; en 2018, 7.855 personas estuvieron encerradas en un CIE en España. 

Desmontando el enCIErro es nuestra reacción a la mera existencia de los CIE. Su cierre es nuestro principal objetivo y, en tanto que sucede, trabajamos apoyando a las personas allí encerradas y visibilizando las múltiples irregularidades y vulneraciones de derechos que ocurren en estos centros. Queremos hacer todo lo posible para que desaparezcan estas fronteras invisibles que se articulan sobre la vulnerabilidad y la falta de recursos de las personas migrantes. 

Por una parte, desarrollamos nuestra actividad dentro del CIE de Aluche, en Madrid, y, por otra, llevamos a cabo acciones en la Plataforma CIEs NO, donde trabajamos en red con otras organizaciones y con la plataforma de ámbito estatal.

Nuestro tiempo y energía están dedicados principalmente a:

• El acompañamiento y asesoría a las personas internas: velamos por la ausencia de irregularidades en los procesos jurídicos y por el cumplimiento de la tutela judicial efectiva y atendemos las necesidades coyunturales durante su estancia en el CIE, convirtiéndonos en un vínculo práctico con el exterior. 
• La visibilización y denuncia de las vulneraciones de DDHH, tanto en el ámbito jurídico como en el mediático, que pueden resumirse de forma no excluyente en: 
  • Tratos vejatorios y degradantes: a las personas se les niega el nombre, son llamadas por el número y privadas de los derechos más básicos. 
  • Agresiones físicas y verbales
  • Indicios de tortura
  • Desinformación intencionada sobre opciones jurídicas como el asilo, la protección por trata y la protección de menores. 
  • Gestión policial arbitraria y opaca. 
  • Hacinamiento
  • Muertes fácilmente evitables e intentos de suicidio. 
• Campañas, actos y documentos informativos dirigidos a la sensibilización de la población general, reivindicando en coordinación con la plataforma estatal el cierre inmediato de estos centros. 

Además consideramos fundamental la necesidad de comprender cómo el mandato de género se traduce en necesidades específicas para las mujeres migrantes. La frontera se construye en sus cuerpos con violencias específicas, son criminalizadas por ello y desatendidas antes, durante y después de su viaje. Aplicar una perspectiva interseccional de género y salud que tenga todo esto presente, nos permite paliar la triple vulneración que sufren por ser pobres, migrantes y mujeres.