UN NIÑO EN MELILLA ES UN PROBLEMA ECONÓMICO

Ibrahim, nombre ficticio, significa alrededor de 1.896 euros que el gobierno de Melilla ha recibido y no ha gastado en el cuidado de un menor extranjero no acompañado.

En la Ciudad Autónoma de Melilla, un menor marroquí como Ibrahim, que está solo en la ciudad y debería estar tutelado y protegido por la Consejería de Bienestar Social, es una carga económica y no un tema social al que ponerle solución. De ahí que durante la campaña electoral para las ultimas elecciones autonómicas, el anterior gobierno local del Partido Popular haya realizado afirmaciones como que “no puede ser que Melilla se convierta en un centro de residencia permanente de los cientos y miles de niños que vienen de países limítrofes, sobre todo, de Marruecos”, o “está bien que se aplique a los MENA la ley del Protección del Menor que hay en España, pero de alguna manera hay que hacer un guiño, o una matización de que es una inmigración”.

Ibrahim fue un gasto de 1.896 euros durante los 4 meses que vivió en el Centro de Acogida La Purísima, un 24% más barato que el gasto aproximado que el gobierno nacional estima para la manutención de un MENA en España. Tras cumplir la mayoría de edad, debería haberse convertido en lo que se conoce como un ex tutelado, pero abandonó el centro sin ningún tipo de documentación que reconozca su paso por La Purísima.

Ibrahim celebró su 18 cumpleaños en las calles de Melilla a pesar de ser marroquí. No es un caso aislado, se calcula que globalmente ha habido 36,1 millones de niños migrantes en el 2017 según las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Este problema con los menores extranjeros no acompañados de Melilla es la condición de ciudad frontera. Marruecos es un socio natural por su cercanía y su posición geopolítica con respecto a España: en el 2016, España exportó a Marruecos 6.934 millones de euros, el 55,7% del total, situándose así Marruecos a la cabeza de las exportaciones españolas. Además, en 2016 se aumentaron las importaciones desde Marruecos, llegando a los 5.675 millones de euros. De ahí que se considere a España como principal cliente y proveedor de Marruecos.

Sin embargo, España y Marruecos tienen muchas tensiones, como el de los caladeros pesqueros, los recursos energéticos de las Islas Canarias, la soberanía sobre Ceuta y Melilla, el Sáhara, el pasado conflicto en relación a la Isla del Perejil y el contrabando de drogas, ya que Marruecos es el primer país productor y exportador de hachís. De ahí que las relaciones estén en tensión y relajación continuamente. Estas buenas relaciones y las cifras de crecimiento macroeconómico del país contrastan con las tasas de desempleo, pobreza y analfabetismo que sufren, principalmente, las zonas rurales del país. Según datos del Banco Mundial, un 4,8% de las personas en Marruecos viven bajo la línea de la pobreza nacional.

Se abren así numerosas brechas entre ambos países, que se unen además al conflicto europeo entre la protección de las fronteras nacionales y la aplicación de los derechos ratificados en la Convención. La migración de menores dependientes de protección como Ibrahim refleja el conflicto contradictorio de los estados: la protección del menor frente al control del inmigrante. Esto se debe a que el menor que llega desacompañado a un nuevo territorio provoca desorden para la Administración, de ahí que se genere la condición de no deseados, por no encajar en los marcos establecidos de control migratorio y que, tanto el gobierno local de Melilla como la ciudadanía y las fuerzas de seguridad, asuman que Ibrahim, viviendo en situación de vulnerabilidad en la calle, es un problema cuya solución no es responsabilidad del gobierno sino del país vecino.

Todo niño que ha vivido como Ibrahim, ya sea en el centro o en la calle, tiene una historia y unos motivos personales para haberse ido de su casa y de su familia siendo un adolescente. Si entrelazamos esta necesidad de la que parte Ibrahim con los Derechos Humanos y las convenciones firmadas por España y Europa, los países europeos están en la obligación de garantizarle los mismos derechos que a sus propios ciudadanos, por lo que se crea una confrontación entre el control migratorio y las garantías fundamentales. El expresidente melillense Juan José Imbroda afirmaba que “esto no es un problema del menor que vive en España y tiene una serie de problemas, que es para lo que se hizo la ley, sino que de alguna manera son emigrantes y necesitan ese sesgo”, fomentando la diferenciación entre menores, como se hizo cuando se logró escolarizar a niños residentes de Melilla con ascendentes marroquíes.

Ibrahim consiguió regresar a su casa entre lágrimas, pidiendo perdón a su madre por no haber logrado o traído ninguna ayuda económica. Otros no han tenido la suerte ni de colarse en un barco para buscarse la vida en la Península, ni de poder comprarse un billete de autobús para regresar, por lo que los niños de Melilla siguen viviendo en las calles mientras el gobierno local pide más dinero para gestionar la situación.