
PROPUESTAS ELECTORALES EN MATERIA DE MIGRACIÓN
Ante la incapacidad de las formaciones políticas con representación parlamentaria para alcanzar un acuerdo que permita la formación de gobierno, el próximo 10 de noviembre el Estado español volverá a celebrar la fiesta de la democracia. Conscientes de que mantener el interés en los planteamientos de nuestros políticos resulta una tarea cada vez más pesada, hemos realizado un resumen de las propuestas electorales que los cinco partidos políticos más votados a nivel estatal han consignado en sus programas. Estos son sus compromisos electorales.
PSOE
El programa electoral del PSOE para las elecciones de noviembre de 2019 es, en materia de migración, asilo y refugio, bastante más breve y menos concreto que el de las pasadas elecciones de abril. Se podría resumir en tres grandes propuestas: la apuesta por unas políticas de migración, asilo y refugio, a nivel estatal y europeo, que garanticen los derechos, dignidad y respeto de todos los seres humanos; la creación de una política de integración; y la cooperación, colaboración y apoyo a los países de origen y tránsito de los procesos migratorios.
Las propuestas básicas serían una reforma de la nacionalidad por residencia que implique la reducción de los plazos máximos establecidos, la revisión de la renuncia a la nacionalidad anterior (impulsando la firma de acuerdos de doble nacionalidad) y la valoración de la trayectoria de integración (más allá del actual examen). También contemplan la mejora de la protección de Menores Extranjeros No Acompañados, así como de las mujeres inmigrantes y refugiadas en situación de especial vulnerabilidad. Para ello, señalan, se deben agilizar los procesos administrativos de concesiones, renovaciones y autorizaciones, especialmente de arraigo y reagrupación.
Otra propuesta fundamental del programa socialista serían las políticas de integración, basadas en los derechos y obligaciones básicas a los que está sometido el migrante. Especifican la eliminación del principio de reciprocidad del derecho de sufragio en las elecciones municipales de los extranjeros residentes en España y el fomento de la integración e igualdad de oportunidades de las segundas generaciones (haciendo hincapié en la formación educativa).
Respecto al asilo, defienden una política europea de inmigración, que reconozca y garantice el ejercicio del mismo, y la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley 12/2009 de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria, que permita aplicar las nuevas figuras jurídicas pendientes de desarrollo y la incorporación de las novedades introducidas por la modificación de las Directivas del sistema común de asilo europeo.
El PSOE defiende la modificación del Sistema de Acogida e Integración de refugiados, para garantizar el derecho internacional de asilo y la gestión de los flujos migratorios respetando los derechos humanos., así como la creación y fomento de políticas de colaboración (cooperación y desarrollo) internacional, tanto a nivel estatal como europeo, con los países de origen y tránsito. También reafirman la cooperación migratoria bilateral con los países de origen, como mediante la contribución al desarrollo del África Subsahariana aplicando el III Plan África, que promueve la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible, priorizando cuestiones como el cambio climático, las defensa de las instituciones democráticas y una movilidad ordenada.
PARTIDO POPULAR
En materia migratoria, las propuestas del programa electoral del Partido Popular (2019) podría resumirse en tres pilares que englobarían las consecuentes medidas planteadas: la priorización de la inmigración regulada, legal y ordenada, el refuerzo de los mecanismos de prevención y resolución de la inmigración irregular, y la mejora y adecuación de los procedimientos de asilo y refugio.
El PP propone una política de inmigración responsable que garantice su legalidad y orden vinculándola a un contrato de trabajo y a la voluntad de integración y respeto por las costumbres de España. Para ello, se facilitaría la contratación en origen, mediante medidas como el refuerzo de servicios diplomáticos en África para la internacionalización de las empresas españolas facilitando con ello el establecimiento de un flujo de migración legal vinculada al mercado de trabajo; se promoverían las políticas de integración de inmigrantes legales y la garantía de que la segunda generación se sienta “ciudadanos españoles plenos”; y se adaptaría la legislación civil para facilitar el acceso a la nacionalidad española por nacimiento. También plantean la creación de vínculos internacionales mediante el aumento de la colaboración con los países del Norte de África (especialmente Marruecos, proponiendo un nuevo Tratado de buena vecindad, amistad y cooperación), para potenciar su estabilidad y desarrollo, lo cual favorecería la creación y el mantenimiento de una migración limitada y legal.
Otro punto prioritario en el programa electoral del PP es el refuerzo de los mecanismos que gestionen la inmigración irregular con medidas como el rechazo en la frontera, la ampliación de tratados internacionales de retorno y expulsión de irregulares, la mejora de los medios de las FCSE en Ceuta, Melilla y la Costa de Andalucía (Plan Especial de la lucha contra la inmigración irregular), el despliegue de FRONTEX en el control de las fronteras y el refuerzo de la cooperación política y policial con los países de origen y tránsito garantizando así la lucha contra las mafias de inmigración ilegal. También consideran necesaria la creación de un Fondo Especial para la atención de la inmigración irregular que apoye económicamente a las zonas que por esta causa vean desbordados sus servicios de acogida, y el fortalecimiento del sistema de atención y protección a los MENA, dentro del cual prime la condición de menor sobre la de migrante y se dé prioridad a la garantía de retorno a sus hogares en condiciones de seguridad y respeto a los derechos humanos.
Finalmente, se propone la mejora de los procedimientos de asilo y refugio mediante el apoyo a los servicios sociales que atiendan a los refugiados y demandantes de asilo que huyen de dictaduras, guerras o persecución religiosa, reforzando los medios administrativos necesarios y agilizando los procesos de reconocimiento de estos derechos. Se hace mención especial a los venezolanos, aprobando la creación de un Estatuto de protección temporal, que concedería un permiso de residencia temporal, desplazamiento libre y un permiso de trabajo.
UNIDAS PODEMOS
Unidas Podemos defiende en su programa electoral la necesidad de cambiar las políticas migratorias actuales por unas políticas más flexibles que garanticen el derecho a migrar de una forma digna y ordenada. Para ello, aumentan las diferentes vías de acceso legal al país y el aumento de las responsabilidades del Estado con respecto a la protección y ayuda de inmigrantes ilegales. También subrayan la importancia de las políticas de integración como fundamento de una convivencia efectiva.
Las principales propuestas para flexibilizar la inmigración legal serían la creación de nuevas modalidades de visado (como el de búsqueda de empleo o el humanitario), así como la flexibilización de procesos de arraigo con la intención de que las autorizaciones de residencia no se vinculen solamente a un contrato u oferta de empleo. También ofrecen la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados en terceros países, la reducción de los plazos necesarios para obtener la nacionalidad, la supresión de las trabas y requisitos en el proceso de adquisición (como el examen de nacionalidad), la flexibilización de procesos de reagrupación familiar y la garantía del derecho al sufragio municipal de los extranjeros al margen de tratados internacionales bilaterales.
Con respecto a la inmigración irregular, convienen que el Estado debe establecer vías legales y seguras que ayuden a garantizar unas condiciones de seguridad y los derechos humanos y civiles de los migrantes. Para ello, impulsarían el refuerzo del Servicio de Salvamento Marítimo como una entidad público y civil mediante el aumento de recursos y personal estable, la protección del trabajo de las ONG de rescate y salvamento, la prohibición de las “plataformas de desembarco” y la garantía del cumplimiento de los derechos humanos en la frontera sur impidiendo además las devoluciones en caliente ilegales. También dictarían el cierre de los CIE (a los cuales tachan de “modelo de privación de la libertad de las personas por su situación administrativa”) y establecerían un status migratorio para los MENA en el que se prioriza su condición de menor para garantizar sus derechos y se impide su repatriación forzada.
Como una medida contra el tráfico de personas y la defensa de las víctimas del mismo, se establecería la Ley Integral contra la Trata de Personas, que asegura la coordinación de las Administraciones para prohibir la deportación o reclusión de los sujetos en los CIE, eximiéndoles de responsabilidad penal en caso de que estén en situación administrativa irregular. Esta ley incluye la formación de empleados públicos para que desarrollen mecanismos de atención a las víctimas desde un enfoque integrador, transcultural y de protección.
Con respecto al asilo, Unidas Podemos defiende la creación de una nueva Ley de Asilo adaptada a la realidad global actual que garantice, entre otros, la protección de aquellas personas que migran por razones medioambientales. Hasta su aprobación, desarrollarían el reglamento de la ley actual, así como los criterios de la Oficina de Asilo y Refugio, para agilizar la resolución de los expedientes, priorizando minorías como el colectivo LGTBI o las víctimas de trata.
El programa electoral de Unidas Podemos también propone una Ley Integral para la Igualdad de Trato y el Fomento de la Convivencia como una política antirracista, que promueva medidas para evitar la discriminación y establezca un organismo de atención legal a las víctimas. Se creará a su vez un Plan Estatal Integral de convivencia con estrategias de formación para empleados públicos y difusión en los medios de comunicación para asistir a las víctimas de las fronteras y fomentar el avance del proceso de descolonización simbólica.
CIUDADANOS
El programa de Ciudadanos es uno de los que menos alude a las políticas migratorias. Concretamente, solo apoyan un cambio en los criterios para otorgar visados (lo cual tiene un cierto sentido discriminatorio, entrando solo en España aquellos migrantes que cualifiquen según los criterios establecidos). En cuanto a la inmigración ilegal y los problemas que conlleva, tan solo se mencionan la lucha contra las mafias, la protección y apoyo a los efectivos en las fronteras y (aunque no especificado como una medida que sirva para este fin) el apoyo económico a países del Magreb, África y Oriente Medio para contribuir a su estabilidad y crecimiento, y con ello reducir los números de inmigrantes procedentes de estas zonas. Además, Ciudadanos da una condición especial a refugiados procedentes de Venezuela y (aunque una vez más no se integra dentro del apartado de las políticas migratorias), defienden una “Ley Orgánica de Igualdad de Trato y no Discriminación”, que, aunque sin hacer referencia específica al racismo o la xenofobia, reconoce el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación por cualquier condición personal o social, así como la lucha contra la intolerancia y los discursos de odio.
La primera medida presente en el programa de Ciudadanos es la creación de un sistema de “visado por puntos”, similar al canadiense, basado en unos baremos de puntuación con criterios objetivos (edad, nivel de estudios, conocimiento del español,…), así como la concesión de visados automáticos a inversores, investigadores y profesionales altamente cualificados que quieran desarrollar su actividad en España.
En otro apartado, el programa hace una única alusión indirecta a la inmigración ilegal, condenando las mafias que se lucran de la misma, y apostando por revisar el Código Penal para tipificar el tráfico de seres humanos como delito, estableciendo su imprescriptibilidad y su persecución internacional. En esta misma línea apuestan por la protección de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado mediante el aumento de recursos materiales y personales de aquellos que hayan sido desplazados para hacer frente a la inmigración irregular, además del refuerzo de efectivos y medios impeditivos no agresivos. Cabe señalar que no mencionan ni plantean ningún otro tipo de medida alternativa a la gestión actual de la inmigración irregular.
Apuestan por un mayor apoyo a países del Magreb, África y Oriente Medio para contribuir a su estabilidad y crecimiento sostenible, reforzando las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, así como la creación de empleo y oportunidades para la población de esos países (aunque no se especifica que esta medida sea de prevención contra la inmigración).
Finalmente, el programa de Ciudadanos especifica una condición especial para los exiliados venezolanos que “huyen de la miseria y la persecución de la tiranía de Nicolás Maduro”, defendiendo sus derechos y su condición de refugiados y otorgándoles el Estatuto de Protección Temporal, que les concederá un permiso de residencia temporal, desplazamiento libre por el territorio y un permiso de trabajo.
VOX
El programa electoral de VOX (2019) se centra en las migraciones de forma directa, expresando un repudio inequívoco a las mismas desde un discurso que parte del rechazo al otro. VOX defiende una estrategia basada en la exclusión de la inmigración ilegal y la restricción de la migración legal, que da lugar a una propuesta agresiva y contundente, desarrollando medidas represivas que obstaculizan o frustran los procesos migratorios.
Las estrategias planteadas en el programa electoral de VOX para impedir la entrada ilegal en España se orientan hacia el fortalecimiento de las fronteras, especificando la creación de un muro “infranqueable” en Ceuta y Melilla (las cuales, además, deben ser completamente reconocidas como españolas por parte del Reino de Marruecos); el refuerzo de recursos materiales, humanos y legales a los cuerpos policiales y fuerzas armadas para la protección fronteriza y la suspensión del espacio Schengen. Pretenden acabar con el “efecto llamada” enfocando la gestión de los migrantes ilegales a través de la deportación inmediata a sus países de origen (sin contemplar a aquellos migrantes que llegan sin papeles), la prohibición vitalicia de legalizar su situación, la supresión de la institución de arraigo como método para lograr la regularización y el endurecimiento de las medidas legales (penales) destinadas a combatir las mafias de inmigración ilegal y aquellos que colaboren con ellas (ONGs, empresas y particulares, refiriéndose por tanto a aquellas que elaborando tareas de salvamento transporten migrantes hacia España). Además, proponen el refuerzo de los mecanismos de repatriación a través del reenfoque de ayudas al desarrollo hacia los países que acepten y promuevan la repatriación de ilegales y delincuentes.
La migración legal también se vería limitada a través de medidas como la deportación de los inmigrantes legales que hayan reincidido en delitos leves o cometido algún delito grave (además de la obligatoriedad de la publicación de datos de nacionalidad y origen en las estadísticas de delitos), el recrudecimiento del nivel de exigencia de idioma, tributación e integración para la adquisición de la nacionalidad, y la restricción de la inmigración a una que se limite a cumplir las necesidades de la economía nacional, estableciendo además cuotas de “nacionalidades de origen privilegiado” sujetas a criterios de idioma, cultura o amistad con España. Estas medidas excluyen aquellas nacionalidades que distan culturalmente de la española y se suman a otras propuestas de carácter conservador como el cierre y prohibición de mezquitas (fundamentalistas), la expulsión de imanes que propaguen el integrismo, el menosprecio a la mujer o la yihad y la exclusión de la enseñanza del Islam en la escuela pública.