LOS GOBIERNOS Y LAS PERSONAS REFUGIADAS: VOLUNTAD POLÍTICA 

Actualmente hay en el mundo más de 82,4 millones de personas que se vieron obligadas a huir de sus hogares y, de estas, 26,4 millones son refugiadas según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Las personas refugiadas se encuentran fuera de su país de origen a causa de una guerra, un conflicto armado en desarrollo, por motivos raciales, por temor a la persecución y represalias en su contra debido a su ideología política, sexo o religión. 

Es importante entender que considerar a una persona refugiada conlleva una obligación fundamental para la comunidad internacional: la no devolución a su país, ya que hacerlo pondría en riesgo su vida. Como ejemplo más reciente y lamentable, encontramos el caso del activista argelino, Mohamed Benahlima, a quien el Estado español denegó la solitud de asilo y deportó a Argelia, donde  está privado de libertad y condenado a muerte por un tribunal militar tras haber denunciado públicamente casos de corrupción y vulneraciones de derechos humanos. 

Existen otras garantías que velan por la seguridad de las personas refugiadas como el no castigo por entrada irregular a un país, la posibilidad y el permiso para obtener un empleo remunerado, la libre circulación dentro del territorio del país receptor, acceso a una vivienda digna y a educación pública y gratuita, la asistencia médica con las mismas condiciones que la ciudadanía del país de acogida, la libertad de religión, el acceso a los tribunales y, por supuesto, la obtención de documentos de identidad emitidos por el país receptor; todas ellas están avaladas por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como por otros instrumentos legales de protección a las personas refugiadas. Desgraciadamente, a pesar de tratarse de normas longevas y ampliamente aceptadas, la práctica jurídica revela que sigue habiendo un largo trecho por recorrer. 

La voluntad de un gobierno: España y su política sobre las personas refugiadas de Ucrania y en un relato inverso, las políticas sobre las personas refugiadas sirias  

Desde el inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia, la Unión Europea ha desarrollado una respuesta de ayuda conjunta para las personas refugiadas ucranianas. España se sumó a esta iniciativa en los primeros días del conflicto y anunció medidas legales para dar un tratamiento especial a las personas refugiadas ucranianas que llegarán a territorio español y para todas aquellas que aquí ya residían, concediéndoles permiso de estancia y de trabajo regular, acceso a la educación, al servicio sanitario y a las políticas sociales, como también la promesa de acompañar y apoyar la candidatura de Ucrania para su ingreso efectivo en la Unión Europea. 

Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dio instrucciones a las oficinas de extranjería, para priorizar y agilizar los trámites de las personas ucranianas ya residentes en el territorio español y en esta misma línea, actualmente dispone en su página web de toda la información necesaria para que las personas refugiadas y recién llegadas del conflicto puedan acceder al sistema de acogida. 

Por otro lado, desde 2011, la guerra de Siria se ha convertido en uno de los peores conflictos armados de nuestra historia más reciente y aún continúa en curso, dejando a su paso cerca de 6 millones de personas refugiadas y más de 6,7 millones desplazadas; se estima que el 80 % vive en pobreza y alrededor de 13,4 millones requieren ayuda humanitaria, como detalla ACNUR. 

No fue hasta abril de 2015 cuando Europa comenzó a ver y a sentir de manera directa el horror de esta guerra, cuando miles de personas en éxodo trataban de llegar al viejo continente huyendo de Siria. Sin embargo, ya en 2014, Amnistía Internacional señalaba que habían llegado a España por Ceuta y Melilla, alrededor de tres mil personas desde Siria y que muchas de estas habían pedido asilo, pero sus trámites no fueron tomados con la prioridad necesaria, lo que les impidió tener una adaptación y reasentamiento digno. Asimismo, entre 2013, 2014 y 2015, España sólo dispuso de 130 plazas para acoger y reasentar a personas procedentes de Siria y además el trámite fue demorado. La cantidad de plazas ofrecidas no hizo ninguna incidencia, sobre las casi 4 millones de personas refugiadas que hasta ese momento había dejado el conflicto. 

Muchas de estas personas sirias que habían llegado a España hasta ese momento, no pudieron moverse libremente por el territorio y se les mantuvo en condiciones de hacinamiento que no cumplían los estándares internacionales exigidos para recibir a las personas refugiadas, un ejemplo de esto fue el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, que con una capacidad para 480 personas, convivían 1900, de las cuales alrededor de 400 eran menores de edad. En octubre de 2014, una delegación de Amnistía Internacional visitó este centro y señaló haber encontrado también dificultades para solicitar asilo y unas condiciones de vida que, ni eran dignas, ni cumplían con los estándares internacionales. 

Países en conflicto, más personas refugiadas y desplazadas

Además de Ucrania, Siria o Afganistán, hay muchos otros países que se encuentran actualmente inmersos en un conflicto armado, como Etiopía, con una ofensiva militar en curso en la región de Tigray por parte de su actual gobierno; Yemen, con un levantamiento desde 2014 que ha generado una grave crisis de hambruna y humanitaria; Haití, en un recrudecimiento de la violencia y de la lucha entre pandillas desde julio de 2021, tras el asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse a manos de unos sicarios; Myanmar, que ha vuelto a la violación de derechos humanos y al uso de las armas tras el levantamiento militar de febrero de 2021, que derrocó a la presidenta democrática y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi; o la histórica lucha que ha mantenido el pueblo palestino por la ocupación del Estado de Israel de su territorio. 

Si ya observábamos diferencias sensibles entre el tratamiento que se ha dado a las personas procedentes de Ucrania y a aquellas de Siria, al fijarnos en personas originarias de otros lugares, la discriminación es aún más evidente. Todo plan de acogida por parte de un gobierno debe perseguir el bienestar y el desarrollo de las personas refugiadas, el problema se da cuando esa política de gobierno no es aplicada en conjunto y las necesidades de las personas refugiadas se atienden por separado y de forma discriminada. Aplicar distintas medidas para las personas refugiadas sin igualdad de condiciones y de oportunidades, denota que no es una falta de recursos, sino más bien una decisión política. 

Hoy 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, reclamamos políticas de acogida que materialicen la igualdad entre las personas refugiadas. Nos alegran la rapidez y el compromiso que se está mostrando hacia la población ucraniana porque es la evidencia práctica de que acoger en condiciones ostensiblemente mejores a las que se está ofreciendo, es posible, es un asunto de voluntad política. Se puede y se debe acoger a las personas procedentes de Ucrania, de la misma manera que se puede y se debe acoger a las personas procedentes de cualquier otro lugar. Y se puede y se debe acoger a todas ellas aportando el mayor grado de bienestar que el Estado español pueda ofrecer.