EL INEFICAZ Y RESTRICTIVO CONTROL MIGRATORIO DE LA UE
El control de los flujos migratorios ha sido y sigue siendo una de las grandes preocupaciones en el seno de la Unión Europea desde su integración, intensificándose con el establecimiento de un espacio Schengen que liberalizaba la movilidad interna de personas entre los Estados miembro, a cambio de un fortalecimiento y securitización de las fronteras externas. Así, la UE se ha consolidado históricamente bajo el paradigma de la “inmigración cero”, sobre todo desde la crisis de los años 70, buscando la imagen de “Europa como Fortaleza”, lo cual es enormemente contradictorio con la moral y valores europeos de defensa de los derechos humanos y protección internacional de solicitantes de asilo. Con ello se refuerzan miradas que entienden la migración como amenaza para la seguridad interna de la Unión y se desarrollan paralelamente narrativas que se ajustan a estos propósitos de control, que se observan en los discursos del espectro político y los medios de comunicación. Todo ello ha generado la construcción de políticas de control migratorio armonizadas que suponen la activación de numerosas actuaciones, mecanismos y actores.
Las políticas migratorias se vertebran principalmente sobre tres ejes entrecruzados en la práctica: las políticas de integración dentro de los propios Estados nacionales, las políticas de control migratorio y las políticas de cooperación en los países de origen destinadas a socavar las causas que promueven los flujos. En esta ocasión se pondrá el foco en las dos últimas.
La Unión Europea dice centrar su atención en el control de los migrantes en situación administrativa irregular – a quienes en numerosas ocasiones se refiere como migrantes ilegales-, cuando en realidad este control afecta a todas las personas migrantes con independencia de su status administrativo. Estas políticas de control se han tratado de explicar entendiendo que podría ponerse en tela de juicio la soberanía de los Estados, en tanto que no son capaces de controlar quién accede y habita su territorio nacional y han derivado en el establecimiento del control, tanto en la entrada de las fronteras, como en la permanencia dentro del territorio.
Desde la mal llamada “crisis de refugiados” en 2015, se ha multiplicado la financiación y puesta en marcha de mecanismos que incrementan la vigilancia -implicando a empresas a través de contratos públicos y subcontrataciones- y mecanismos que hacen uso de la Inteligencia Artificial (IA). Entre estos últimos, además de registros de huellas y rostro, se usan otros más controvertidos, como el reconocimiento de emociones o “análisis de riesgos” basados en algoritmos que desarrollan “perfiles de riesgo”, denunciados en muchos casos por estar basados en rasgos étnicos. Todo ello tampoco entra en contradicción y se reproduce en el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo
Este control interno tampoco es efectivo pese a la existencia de estos mecanismos: si se tienen en cuenta algunos datos, se observa que, de las 396.400 personas a quienes se les impuso una orden de expulsión en Europa en el año 2020, fueron finalmente 70.200 las expulsadas. Por tanto, es preciso preguntarse por qué se siguen empleando mecanismos restrictivos que vulneran derechos de las personas migrantes a la vez que son ineficaces.
Es importante entender y desmontar los discursos que se construyen en torno a la migración irregular: además de las entradas por tierra y mar, la mayoría de las personas migrantes acceden a los países de la Unión en avión a través de visados, permaneciendo en ellos una vez caducados; son los llamados overstayers. Pese a ello, solo se ven noticias que refuerzan la narrativa criminalizante, de saltos de vallas o de llegadas en barcas de la mano de contrabandistas, en paralelo con los intereses de la Unión Europea que, al proyectarlos como una amenaza, justificaría sus prácticas por estar teóricamente dirigidas a acabar con la migración irregular. Estos intereses políticos entran muchas veces en contradicción con los intereses ideológicos de apertura económica y de demanda de empleo, encontrándonos ante contextos en los que el capital puede moverse libremente, pero no las personas. Pero es no solo eso, puesto que además generan contextos que van en contra de los derechos humanos y de la protección internacional. En cualquier caso, no se ha demostrado que el incremento de la restrictividad suponga un descenso efectivo de los flujos.
Se debe cuestionar la eficacia de estas políticas y mecanismos, puesto que, además de emplear ingentes sumas de dinero en el entramado de la Industria del Control Migratorio, el reforzamiento de las fronteras no detiene los flujos migratorios, sino que estos se adaptan a este contexto y se reencauzan hacia otras rutas más largas y peligrosas, haciendo mucho más vulnerables a las personas migrantes. De entre las rutas más destacables para entrar en la UE, resaltan por su complejidad y peligrosidad las ubicadas en el Mediterráneo, con distintas intensidades dependiendo de distintos acontecimientos: Occidental -España y Marruecos-; Central – Italia, Malta y Libia-; y Oriental – Grecia y Turquía-. Caminando Fronteras, ha realizado un informe en el que se muestra que, en el año 2021, únicamente en las rutas hacia España, 4.404 personas han perdido la vida, personas con rostro e historias de vida.
Esta situación se entiende en paralelo al viraje de la UE hacia políticas que activan toda una serie de mecanismos de refuerzo de fronteras, vigilancia, control y expulsión, apoyadas en muchas ocasiones por agencias como Frontex. Siguiendo esta lógica, una de las formas de ampliación de este control más allá de los propios límites externos estatales, se encuentra en lo que se conoce como la externalización de las fronteras. Esta práctica consiste en delegar el control a los países de tránsito -países por los que se pasa para acceder posteriormente a la UE-, para contener ahí las migraciones y conformarse como elemento de disuasión.
Se establece por tanto una cooperación con terceros países en materia migratoria, destacando los acuerdos de readmisión, además de otras operaciones conjuntas de control físico de las fronteras como el intercambio de información. Asimismo, se emplean tanto acuerdos formales como informales, por lo que, bajo la defensa de la seguridad nacional, la opacidad y la falta de transparencia son justificadas. A cambio de esta cooperación, se obtienen una serie de contrapartidas, como acuerdos de cuotas, retiradas de visados para sus nacionales u otras materias que no tienen tanta relación con el ámbito migratorio, como acuerdos comerciales y de trabajadores, o de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) -condicionalidad que desprestigia este último tipo de cooperación-. Sin embargo, tampoco se deben concebir estos países como entes pasivos que aceptan las cuestiones que la Unión Europea impone, sino que se trata de un proceso de negociación en el que también están sus intereses en juego.
Todo este entramado de acuerdos tiene efectos muy perjudiciales para los derechos de las personas migrantes. En primer lugar, supone poner en riesgo los derechos de las personas solicitantes de asilo al restringir y dificultar sus entradas y asumir que estos países pueden ofrecer redes de protección efectivas. En segundo lugar, se trata de medidas que no acaban con la “migración no deseada” por la que aboga la UE y que solo ponen en peligro la vida de los migrantes, que pierden la vida intentando cruzar, cuyos derechos son vulnerados en los países de tránsito, o que son expulsados a través de los acuerdos de readmisión. Algunos ejemplos se encuentran en los acuerdos entre UE-Turquía o UE-Libia.
Asimismo, muchas de las actividades que se desarrollan en estos acuerdos, implican a nuevos actores no públicos y generan nuevas relaciones inmersas en lo que se conoce como la Industria de la Migración. Esta incluye a los movimientos y beneficios económicos que se generan entre los diversos actores -desde instituciones públicas, a empresas o redes de contrabando, estas últimas más complejas de medir y cuantificar- alrededor de estas prácticas de control migratorio.
Se ha producido por tanto una privatización del control en términos de delegación de ciertas funciones a empresas u otras organizaciones, con la creciente influencia que pueden llegar tener en las políticas -vía lobbies y puertas giratorias– y en la obtención de financiación. Esto sigue de nuevo la lógica liberal racional de mejorar la eficiencia -aunque se den casos de abusos y falta de recursos humanos- sumada a la presión por la continuación de estas prácticas en la búsqueda de beneficios empresariales. Es a su vez problemático, puesto que las justificaciones por motivos de seguridad nacional o la confidencialidad comercial suponen enormes barreras para el acceso a la información y transparencia de sus actividades. Asimismo, esta delegación lleva a difuminar las responsabilidades de los Estados ante el incumplimiento de los DDHH y elimina la mala imagen que le pueden ocasionar estas prácticas.
Todo ello se intenta esclarecer en los informes realizados por la Fundación porCausa que exponen la situación que rodea la Industria del Control Migratorio, puesto que se entremezcla con la privatización del control mencionada con anterioridad -en este caso se hace referencia a la participación de empresas, pero también se involucran otros actores, como las redes de contrabando-. Más concretamente en el informe del año 2017, se muestra cómo se dan partidas en los presupuestos de la UE y de los Estados miembros que destinan recursos económicos importantes al control de la migración, por lo que se genera cierta dependencia al financiarse esta industria principalmente con dinero público. Existen diversos fondos de la UE que financian estas cuestiones entre 2007 y 2013: 1.820 millones de euros para el fortalecimiento del control y vigilancia de las fronteras exteriores, 676 millones para los retornos y 3.800 millones para seguridad interior -que incluye políticas de visados, gestión de fronteras, o mejora de la coordinación e incluye a Frontex, entre otros-.
Por otro lado, España por su parte -combinando estos fondos europeos con fondos nacionales-, entre 2014 y 2019, habría adjudicado en 1.667 contratos públicos -muchos de ellos contratos menores no sujetos a concurso público- más de 660 millones de euros. De ellos, son 10 las multinacionales que se hacen con el 64,8% del dinero de las licitaciones, en las que resuenan nombres como Babcock, ACS, Indra, entre otros. Otras de las empresas que también han obtenido licitaciones en este negocio y pueden resultar más familiares son: El Corte Inglés, Telefónica o Acciona. Como se ha mencionado, se trata de un terreno rodeado de gran opacidad y protección, donde la atribución de responsabilidades es difusa.
Una vez visto de forma general todo lo anterior, se pueden llegar a comprender mejor los conflictos que se han dado en torno a la fronteras europeas, como Marruecos-España, o Bielorrusia-Polonia. Se construyen por tanto distintas narrativas que se imbrican dentro de esta industria, como se ejemplifica con el discurso de Úrsula Von der Leyen sobre la situación de Bielorrusia al exponer que no se podía permitir que se instrumentalizase a los migrantes, cuando es la propia UE la que también participa en este entramado de la Industria del Control Migratorio. Se genera, por tanto, una interdependencia de los actores participantes, puesto que, a través de la financiación de actuaciones más restrictivas, se reproduce y multiplica una lógica que perjudica enormemente la vida y derechos de las personas migrantes.
