COVID-19 & CIE. EEUU & ESPAÑA
ICE (Inmigration and Customs Enforcement -el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense que, entre otras funciones, gestiona los centros de detención y deportación-) continúa representando una amenaza para la vida de las personas migrantes detenidas en cualquier lugar de Estados Unidos, al haberse demostrado su negligencia y desatención a las necesidades médicas mientras los casos de COVID-19 siguen aumentando rápidamente en estos centros. Las organizaciones activistas piden la liberación total de las personas detenidas tras haber informado la American Bar Association de que se han confirmado casos positivos de COVID-19 en 1.392 personas bajo custodia de ICE. Desde el 16 de mayo de 2020, solo se les ha hecho la prueba a 2.670 de las 26.000 personas detenidas.
El 6 de mayo, Carlos Ernesto Escobar Mejía, un hombre de 57 años de El Salvador, murió bajo custodia de ICE en el sur de California. Es la primera persona en morir bajo custodia de ICE tras haber dado positivo por COVID-19. Según los informes, se había estado quejando durante semanas de que se encontraba enfermo y de que su historial de diabetes, presión arterial alta, problemas cardíacos y un pie amputado lo ponían en alto riesgo de sucumbir al virus dentro del centro de detención de Otay Mesa. Datos posteriores a la muerte de Mejía revelan que Otay Mesa tiene 144 casos confirmados de COVID-19 entre las aproximadamente 630 personas allí detenidas, de lejos el volumen más elevado de población contagiada entre todas las instalaciones de ICE. Hasta el 6 de mayo, solo se había hecho la prueba a 181 de ellas.
“¡Mi vida está en peligro, hemos estado expuestos!”. Gritaba la gente: “¡Dadnos mascarillas!” … “¡Vamos a morir!” El Dr. Sirous Asgari, un científico iraní que fue absuelto en un juicio en EEUU el año pasado, pero continúa afrontando la posibilidad de ser detenido, habla sobre sus experiencias bajo la custodia de ICE. ICE perpetúa un claro desprecio hacia la vida de los inmigrantes al continuar negando a las personas detenidas el acceso a atención médica adecuada y equipos de protección.
Según testimonios recogidos en Winn Correctional Facility, en Louisiana, “los detenidos son responsables de toda la limpieza y hay una sola ducha y solo dos baños que deben compartir los 44. Además, están durmiendo en camas separadas aproximadamente dos pies (60 centímetros)”. Las personas detenidas en todo el territorio de EEUU continúan manifestando su preocupación por estas condiciones de vida deplorables a través de huelgas de hambre y otras formas de protesta, incluidos intentos de suicidio colectivo. Algunas incluso han preguntado sobre la deportación voluntaria como respuesta al creciente miedo que rodea al COVID-19.
Además, las evidencias sugieren que las transferencias entre centros de detención todavía se están realizando sin las precauciones necesarias; los guardias no llevan mascarillas o guantes; se proporcionan pocos o ningún EPI a los detenidos, de quienes se espera que limpien sus propios espacios; y apenas se está eduando sobre el virus: como mucho, un folleto de los CDC (Centers for Disease Control -Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estadounidenses-), que suele estar solamente en inglés.
Aproximadamente dos docenas de defensores de derechos humanos, derechos de los inmigrantes y derechos civiles se han unido bajo una única causa: la liberación inmediata de las personas migrantes y solicitantes de asilo actualmente detenidas. Grupos de defensores de derechos y organizaciones como Amnistía Internacional continúan argumentando que esta liberación beneficiaría en última instancia a la población en general, ya que no solo protegería a las personas detenidas, sino también al personal de las instalaciones y a las comunidades en cuyos estados hay centros de detención. Los expertos en derechos humanos de Naciones Unidas también han emitido una declaración oficial sobre estos asuntos.
Muchas personas detenidas comparan su experiencia de detención durante la pandemia con una clara sentencia de muerte. Actualmente hay 63 centros con casos confirmados de COVID-19 en EEUU, pero esta cifra está sujeta a sufrir un aumento en cualquier momento, pues tras la publicación de estas estadísticas no se han realizado evaluaciones de salud previas.
La actualización más reciente sobre el explícito abuso de poder de ICE salió a la luz a través de testimonios de personas detenidas bajo la custodia del Centro de Detención de Adelanto, en California. Estas personas afirman que están sufriendo efectos secundarios graves por el uso de “aerosoles desinfectantes” para combatir el coronavirus.
“Me causa una reacción terrible en la piel … Cuando me sueno la nariz, me sale sangre. Nos están tratando como a animales. Una persona se desmayó y la sacaron, no sé qué les pasó. No hay aire fresco.”.
El Centro de Detención de Adelanto está operado por el Grupo GEO, una compañía privada de prisiones. Estas instalaciones privadas con fines de lucro se niegan sistemáticamente a asignar el presupuesto necesario para garantizar que se cumplan los requisitos de salud adecuados. Por ejemplo, lavarse las manos, como recomiendan los CDC, no es posible en un sistema en gran medida privatizado, donde las personas detenidas deben comprar su propio jabón para complementar los suministros racionados en la comisaría con fines de lucro.
Hay quien cuestiona si la liberación total de las personas detenidas en estos centros de detención es viable. 53 días después de la declaración del estado de alarma en España, se anunció que los ocho CIE españoles estaban en cero ocupación el 6 de mayo de 2020. El mismo día en que Estados Unidos anunció el primer detenido inmigrante en morir por COVID-19 a manos de ICE. La muerte de ese detenido, Carlos Ernesto Escobar Mejía, fue evitable.
Los colectivos españoles defensores de derechos están reclamando actualmente el cierre definitivo de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) y denunciando de manera efectiva la falta de transparencia y las violaciones de los derechos humanos que ocurren en su interior, ya que el cierre ha sido etiquetado únicamente como circunstancial debido a las implicaciones del COVID-19.
El abuso de poder generalizado y la evidente corrupción dentro de estas instalaciones merece un examen completo, ya que amenazan el derecho general a la vida y la libertad. El gobierno de EEUU se enorgullece de un sistema que autoriza el castigo injusto y la buena rentabilidad de estos centros, incluso en estado de emergencia. La COVID-19 ha amplificado la siniestra conducta oculta de ICE, en tanto que el personal de seguridad continúa exponiendo a las víctimas a una infección casi segura. Es hora de no solo crear conciencia, sino también de tomar medidas audaces para desmantelar establecimientos inconstitucionales como el de ICE y los CIE, para avanzar en el progreso de los derechos humanos y su aplicabilidad a las personas migrantes indocumentadas en todo el mundo.
RECURSOS PARA SEGUIR APRENDIENDO
https://www.freedomforimmigrants.org/
https://www.freedomforimmigrants.org/
https://www.detentionwatchnetwork.org/
RECAUDACIONES DE FONDOS
https://www.aplos.com/aws/give/CIVIC/BondFund
California: ICIJ Adelanto Bond Fund
New York: Movimiento’s COVID-19 Emergency Fund for Immigrants in El Barrio
PETICIONES
https://www.change.org/p/change-org-stop-ice-from-poisoning-immigrants
